7. ¿Cómo se debe abordar el tema de la prevención de adicciones, concretamente a las drogas en los centros escolares?
Las escuelas, desde el punto de vista de la seguridad, tienen dos responsabilidades básicas: proteger al alumno y proteger a la comunidad estudiantil incluso de los alumnos mismos.

Anteriormente, la visión de las escuelas respecto del tema de las drogas, manifestaba que si el alumno no poseía o consumía drogas dentro de las instalaciones, no era problema de la institución. Hoy la perspectiva debe ser diferente, las escuelas deben estar preocupadas por el consumidor, sea donde sea que se dé el consumo. El que consume droga, eventualmente la va a introducir a la escuela y la va a compartir de alguna manera con sus compañeros, convirtiéndose además de un problema de salud, en un tema de tráfico y por ende de seguridad.

De tal manera debemos abordar el problema como un problema de salud pública. Una persona que está en un proceso de adicción, afecta a su comunidad ineludiblemente y ya no únicamente desde la perspectiva de la salud, por el contacto mismo con el mundo de las drogas, sino ahora de la seguridad, debido al contacto con el mundo de las redes delincuenciales, ligadas al tráfico de estupefacientes.

La persona que consume drogas crea una espiral de afectación a su alrededor. Al necesitar dinero para mantener su vicio, incurre en delitos al robar cosas para venderlas. Al estar bajo los efectos de la droga y conducir vehículos, está expuesto a tener un accidente grave o incluso si la persona se ha convertido ya en un narcomenudista, a los riesgos asociados a su "negocio" y de esa manera el círculo vicioso en el que entra, en algún momento, lo impactará de alguna forma negativa tanto a ella como a las personas en su entorno.

El consumir drogas, como tal, no es un delito, es considerado como una adicción y por ende como una enfermedad. Consumir drogas, en este caso dentro de las escuelas, es una falta grave que puede repercutir en la expulsión del estudiante al estar violando una norma dentro de la institución, de igual manera que puede serlo el hecho de beber alcohol o incluso fumar cigarrillos dentro de la instalación educativa. Por ello, el alumno que es detectado como consumidor de drogas, debe ser atendido como una persona enferma y que requiere atención.

La pregunta importante de hacernos sería: "¿Estamos, como instituciones educativas, preparados para otorgar una educación integral?" Si al detectar a un alumno que se droga, simplemente lo expulsamos, estaríamos potenciando el problema ya que no solo la persona continuaría drogándose, sino que ahora, tampoco tendría escuela. En una escuela moderna, entendiendo el proceso nocivo que conllevan las drogas, se debe encausar al alumno que se droga junto con el apoyo de sus padres para salir lo antes posible del problema.

Si un alumno resulta positivo en una prueba de drogas o se le encuentra en posesión de las mismas para consumo personal, se debe citar al alumno, a los padres de familia y a las autoridades escolares con el fin de compartir responsabilidades. La responsabilidad del padre es asegurar que el alumno ingresa y se mantiene en un proceso de desintoxicación, con documentos que comprueben y garanticen que la persona se encuentra en una institución especializada en el tratamiento de adicciones. La escuela debe llevar un seguimiento académico mucho más riguroso que involucre al alumno en actividades extracurriculares deportivas, asistencia a la biblioteca o elaboración de trabajos o participación en compromisos escolares que obliguen a la persona a mantenerse en ambientes positivos y lejos de las drogas.

En ese sentido, mediante programas de disuasión de drogas, se deben aplicar pruebas "antidoping" de manera sorpresiva y aleatoria, mismas que deben ser acordadas y autorizadas por los mismos padres de manera previa al inscribir a sus alumnos a la institución y cuyas muestras, generalmente de orina, obtenidas idealmente con 2 ó 3 muestreos al semestre, se obtengan de manera voluntaria de los alumnos. Dichas pruebas se deben aplicar con la asistencia de laboratorios profesionales y certificados, quienes garantizan no sólo la calidad de la muestra, sino el proceso de obtención de manera correcta en términos éticos.

Los programas de disuasión deben ser de carácter público, es decir, tanto el alumno como los padres saben que se aplican y gracias a la comunicación estrecha que se debe lograr entre la institución, la comunidad educativa y sus familias, el alumno sabe que sus propios padres pueden solicitar a la escuela que se aplique a su hijo una de estas pruebas, ante la sospecha de consumo de drogas. De esa forma, se aborda el problema de manera integral y los resultados son manifiestos al atacarlo desde todos los flancos posibles.

Los jóvenes como mayores consumidores de drogas, representan para los vendedores de las mismas, el nicho de mercado por excelencia. De ahí que los alrededores de las escuelas, sean en buena medida, sitios elegidos por los delincuentes para comerciar estupefacientes. Los jóvenes son disuadidos de ingresar drogas a los planteles escolares, mediante el empleo de programas de revisión que incluyen el empleo de canes adiestrados para la detección. Cuando un alumno es sorprendido en posesión de narcóticos, en términos legales, resulta complejo para las autoridades escolares determinar si se trata de droga para consumo personal o para venta. De ahí que se deba de contar con el apoyo de las autoridades correspondientes para denunciar la venta de drogas en el entorno escolar o bien ante un hallazgo de posesión, proceder de manera correcta, evitando controversias o represalias a la institución educativa.

En conclusión, ante el tema de las drogas, las escuelas deben asumir un rol educativo-preventivo, en el cual, el fin es disuadir el consumo, no atacar la venta. Así, al no haber mercado, no hay vendedor.